viernes, 23 de diciembre de 2011

Ley de Papel de Diario y Ley de Tierras sancionadas (Aprobadas)







Ley de Papel de Diario:


Un informe distribuido por la Sindicatura General de la Nación detalla que el consumo anual nacional de pasta de papel es de 250.000 toneladas y el 58 por ciento es cubierto por la producción de Papel Prensa, que llega a 145.000 toneladas anuales. Del total producido, los diarios Clarín y La Nación utilizan el 71 por ciento para cubrir sus necesidades. El 29 por ciento restante se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio un 15 por ciento mayor y recurrir a la importación para abastecerse. El informe oficial destaca que eso podría remediarse, entre otras medidas, con mayor producción porque la empresa trabaja al 60 por ciento de su capacidad instalada. “La concentración de Clarín y La Nación del mercado de papel castiga al consumidor final, disminuye la competencia, aumenta los precios y hace abuso de la posición dominante”, remarca el informe elaborado por el síndico Daniel Reposo, quien a su vez es síndico titular por el Estado nacional en Papel Prensa. Por ese motivo es que se decidió avanzar con la sanción de la ley que incentiva la producción nacional, la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos:
- Precio único: El precio de venta del papel se definirá teniendo en cuenta los costos de la materia prima, los costos de operación de los procesos industriales, los gastos en desa-rrollo y el costo de oportunidad del capital invertido. “En ningún caso se efectuarán contrataciones que involucren un precio inferior al precio único pagado al contado.” Sí habrá algunas adecuaciones en función de los posibles plazos de pago. Para obtener la información fehaciente del precio único e igualitario, la Comisión Bicameral que crea la ley, integrada por 8 senadores y 8 diputados, deberá recibir de parte de Papel Prensa la información sobre su stock total y disponible en forma diaria. También deberá informarse y publicarse la capacidad de producción máxima y la producción estimada de manera trimestral.
- Comisión Federal Asesora: Estará integrada por un representante de los diarios de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos representantes durarán en sus cargos cuatro años, serán elegidos por los propios compradores de papel y no podrán integrarlo aquellos diarios que participen de forma directa o indirecta en la producción de papel. También habrá representantes de las asociaciones de consumidores. Todos los representantes tendrán la misma voz y voto. Dentro de sus funciones, el Consejo podrá proponer medidas para democratizar la prensa escrita y colaborar con el Estado en relación con su actuación dentro de Papel Prensa. Y en caso de que el Estado aumente su capital dentro de la compañía, el Consejo ocupará un lugar en el directorio.
- Fondo Fiduciario: El fondo buscará fomentar las inversiones en bienes de capital para las pymes que desarrollen actividades relacionadas con la producción, comercialización y distribución de papel para diarios. Estará financiado por recursos del Presupuesto y aportes de la autoridad de aplicación, entre otros ingresos.
- Autoridad de aplicación: El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación. Entre sus funciones deberá garantizar la producción nacional en todas las etapas de la actividad, dictar normas complementarias, promover en los tribunales las acciones que tiendan a asegurar el cumplimiento del marco regulatorio, y establecer normas de calidad.
Ley de Tierras:
Es la primera y única ley reclamada por la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo pasado. Ayer, en la última sesión del año, el Senado sancionó la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. Entre otros puntos, la iniciativa fija un máximo del 15 por ciento para la posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, crea un Registro Nacional, un Consejo Interministerial de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral nacional. Con unas pocas diferencias en particular, la medida fue acompañada por el arco opositor y obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.
 El proyecto tampoco había generado mayores resistencias en Diputados, donde se sancionó la semana pasada con 153 votos a favor y 26 en contra. Luego de su aprobación en comisión fue llevado ayer al recinto, para culminar dos días de intensa actividad legislativa. El texto, de 19 artículos, establece el límite del 15 por ciento para que quede en manos de extranjeros, ya sea de personas físicas o jurídicas. A su vez, fija, dentro de ese límite, un tope del 30 por ciento para la titularidad de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad. En cuanto a un mismo propietario, no se podrá superar las mil hectáreas “o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales
Además, se crean dos organismos: el Registro Nacional de Tierras y el Consejo Interministerial, que funcionarán de autoridad de aplicación y llevarán adelante el relevamiento catastral, hasta ahora inexistente. También evaluarán las excepciones a las disposiciones generales de la ley. Respecto de las inversiones, se aclara que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”. En uno de sus últimos artículos, la norma aclara que no afectará derechos adquiridos y que su vigencia será a partir del día posterior a la publicación en el Boletín Oficial.´

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